¿Quién ejerce la violencia contra el periodismo en México? La respuesta es puntual: son autoridades en todos los niveles de gobierno. En el periodo de Enrique Peña Nieto esta violencia creció aún más, los asesinatos de Rubén Espinoza y Javier Valdez solo son algunos de los casos mediáticos de su sexenio pero los datos duros que arroja el Informe 2018 de Articulo 19 “Ante el silencio, ni borrón, ni cuenta nueva” hablan por sí mismos: 1092 agresiones contra la prensa en el sexenio de Calderón Hinojosa 48 asesinatos y 15 desapariciones, con Peña Nieto su sexenio subió a 2, 502 agresiones, 47 asesinatos y 4 desapariciones.
En el 2018 esta organización registro, verifico y dio seguimiento a 544 agresiones, 9 asesinatos y 1 desaparición, de ese total de agresiones, 230 los agresores fueron funcionarios públicos, 86 por parte de partidos políticos y 86 por agresores no identificados. En cuanto al mapa de esa violencia el Estado de Veracruz desplazo en primer lugar de esas agresiones ocupado por lo menos desde hace 5 años por la ciudad de México.
El otro gran mecanismo para silenciar al periodismo en México ha sido la asignación de la publicidad oficial, la repartición poco transparente de ese presupuesto hace visible la corrupción y el maridaje con los oligopolios mediáticos por parte del Estado Mexicano: un sólo dato es revelador: $ 2, 919 ,020 millones de pesos, es decir el 62% fueron exclusivamente para Televisa, TV Azteca, El Universal, Imagen Televisión y Grupo Radio Fórmula, y $ 4, 930,573 se repartieron en 870 medios,
Esta parcialidad y reparto discriminatorio de la publicidad del Gobierno Federal expresa como se influye y determina en las políticas de información de estos medios favorecidos por la generosidad del “Ogro Filantrópico” también coincide con el espacio ocupado por los comunicadores mafiosos y pantuflos que todos conocemos en su defensa a toda costa del gobierno de Peña Nieto.
El Informe 2018 de Artículo 19 titulado «Ante el silencio, ni borrón, ni cuenta nueva» ofrece un acertado diagnóstico de la situación del periodismo en México a partir de un discurso crítico, sobre todo, ante la política represiva por parte del Estado mexicano con el objetivo de establecer zonas de silencio en el país.
Los 5 capítulos del informe, en lo general ofrecen un análisis de la situación del periodismo en nuestro país desde el contexto de la guerra contra el narco por el gobierno de Calderón, además de los datos y las estadísticas en el sexenio de Peña Nieto, ello en el marco histórico de una crisis general de los derechos humanos en México que se condensa y sintetiza en la impunidad, hasta ahora, mostrada en el caso Ayotzinapa.
Estos capítulos ofrecen al lector una visión sobre los mecanismos represivos que se han utilizado desde los espacios del Poder en México para acallar a los periodistas e imponer una narrativa oficial o «verdad histórica» sobre nuestra realidad nacional. Incluye un capítulo a la investigación sobre el tema de la censura por Internet en su mayoría llevada a cabo por funcionarios públicos.
Además, este informe contiene un apartado titulado: «Agenda Mínima 2019 sobre libertad de expresión e información», donde se ofrece a los lectores y a todos los ectantes de la comunicación en México una alternativa de solución en cada uno de los problemas señalados en este informe. Se habla, por ejemplo, de eliminar la llamada Ley chayote para ofrecer en su lugar una Ley de publicidad más equitativa y clara en sus criterios generales de asignación.
La mayor virtud desde mi lectura es ofrecer un informe integral sobre el estado actual del periodismo en México, desde los casos más conocidos como la censura de Carmen Aristegui en MVS a partir de la investigación de la Casa Blanca o la reciente disculpa pública del Estado Mexicano (sin la presentación de los responsables) a la periodista Lydia Cacho, empero registra las desapariciones, asesinatos y agresiones a periodistas de grandes, medianos o pequeños medios independientes en todo el país,
Sin discriminar ningún caso. Muestra de ello es la mención de Samir Flores comunicador de la Radio Comunitaria en Amilcingo en el municipio de Temoac en el Estado de Morelos, como uno de los primeros cuatro casos ya en el nuevo gobierno.
Es pertinente y justa esta denuncia del asesinato de Samir Flores como el asesinato no sólo de un activista social sino como un atentado a la libertad de expresión contra su trabajo en la Radio Comunitaria. En términos jurídicos esto debería ser una línea más de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos. En lugar de criminalizar su labor social debería tratarse su ejecución política también como una represión más hacia el periodismo en el contexto del conflicto de la termo eléctrica de Huexca.
Hay un tono muy crítico hacia el nuevo gobierno en el Informe 2018 de Articulo 19, en la presentación que hizo Ana Cristina Ruelas directora de Articulo 19, oficina para México y Centro América, en la participación del ex ministro Ramón Cossío y en la emotiva intervención de Griselda Trían viuda Javier Valdez. Se trata de una pertinente exigencia crítica y de un rotundo NO al silenciamiento de los comunicadores en México.
Este Informe subraya algo crucial en el escenario político: el surgimiento de un nuevo discurso de odio desde el interior del Estado Mexicano ejemplificado en las frases lapidarias como: “prensa fifí” “radicales y conservadores” este fenómeno no es la mención de un elemento anecdótico o superficial. El asesinato político de Samir Flores muestra como la violencia verbal y discursiva puede anticipar y alimentar otras violencias. Asimismo, indica, alerta e ilustra las derivaciones represivas y autoritarias que puede tener el nuevo régimen en México.
La Bisagra News 